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Unos 20.000 niños y adolescentes están
privados de su libertad en institutos de menores en la Argentina, en contra
de los preceptos de la Convención Internacional de los Derechos del
Niño y de la nueva ley que los protege. Así lo reveló un estudio realizado
por la Secretaría
de Derechos Humanos en colaboración con Unicef.
Sólo el 12,1% de esos chicos está
imputado en causas penales, según el
trabajo. La gran mayoría, el 87,1%, está internado por estar en situaciones
de riesgo: desamparo, pobreza, maltrato... El estudio, que oficialmente
contabilizó a 19.579 menores privados de su libertad, contiene los datos
enviados por los institutos de todas las provincias, pero sólo fue relevado
el 60 por ciento que envió datos, con lo que se supone que la cifra de
menores encerrados puede ser 40 por ciento mayor, dijo Victoria
Martínez, directora nacional de Derechos de Personas y Grupos Vulnerables
de la Secretaría
de Derechos Humanos.
El trabajo fue presentado ayer en el Senado
por el secretario de Derechos Humanos, Eduardo Duhalde; la senadora Marita
Perceval; Martínez; la representante de Unicef en la Argentina, Gladys
Acosta Vargas, y el responsable de los programas de Niñez del Ministerio de
Desarrollo Social, Gabriel Lerner.
Acosta Vargas explicó que la Argentina
tiene "los índices más altos de reclusión de niños del
continente" y coincidió con los funcionarios en que las causas de
que tantos chicos permanezcan en institutos hay que encontrarlas en que la
ley de patronato, derogada el año pasado, estuvo vigente desde 1919. La
norma permitía disponer de los menores desamparados para
"protegerlos".
Con la incorporación a la Constitución Nacional
de la
Convención Internacional de los Derechos del Niño y la
aprobación de la nueva ley de protección integral de niños y adolescentes,
la vieja norma quedó derogada.
La nueva ley, reglamentada a fines de 2005,
señala que no se debe internar a los menores por razones asistenciales,
sino privilegiar su reinserción en la familia, excepto casos extremos de conflictos
con la ley penal.
El trabajo sostiene que los distritos con
mayor cantidad de chicos en institutos son las provincias de Buenos Aires,
Santa Fe y Misiones y la
Capital.
Hubo seis provincias que reconocieron tener
chicos en conflicto con la ley penal encerrados en comisarías.
El estudio revela que son mayoría los
varones internados por problemas con la ley penal y son más las mujeres
institucionalizadas por su situación de desamparo. "Esto repite una
pauta cultural", dijo Martínez.
El estudio relevó tanto a los institutos
estatales como aquellos privados donde la autoridad administrativa y la Justicia derivan a
los chicos. El 54,6 por ciento de los establecimientos pertenece a una
organización de la sociedad civil, mientras que el 42,32 por ciento son
organismos gubernamentales.
Inseguridad
Las
autoridades defendieron la necesidad de acabar con las internaciones con
argumento contundente: "Entre el 50 y 60 por ciento de los presos
juveniles pasaron antes por un instituto de menores", dijo la representante
de Unicef, por lo que expresó que "encerrando chicos no es como nos
vamos a defender de la inseguridad".
Acosta Vargas explicó que los niños les
devuelven a los adultos lo que reciben. "Si su propia vida no tiene
valor, tampoco tiene valor la vida de los demás."
Los funcionarios dijeron que con las leyes
en vigencia ya está abierto el camino y que ahora resta tratar caso por
caso cada unos de estos 20.000 chicos para determinar la mejor manera de
reinsertarlos con sus familias o con quienes mantengan lazos afectivos.
Para que se aplique la nueva ley es
necesario que cada provincia adecue sus normas y que elabore programas
sociales y de fortalecimiento familiar, con la idea de no internar a los
chicos, como lo manda la Convención
Internacional de los Derechos del Niño.
Del total de los chicos internados, el 45,9
por ciento está en un régimen semiabierto, es decir, con menores medias de
seguridad que un ámbito cerrado.
No obstante, el trabajo revela que existe
en la Argentina
una cultura del encierro, no como excepción, sino como pauta, ante una
pretendida tutela.
Martínez advirtió que conspiran para
desarmar este modelo no sólo los patrones culturales y las estructuras
mentales, sino intereses económicos que pueden quedar afectados por la
desaparición de los institutos y los subsidios que reciben aquellas
instituciones de la sociedad civil que cobran para mantener allí a los
chicos. "Están en juego intereses éticos y económicos", aseguró
la senadora Perceval en el Senado.
Fuentes oficiales dijeron que se pagan
entre 800 y 1500 pesos por niño. El otro problema es la reubicación de
todos los empleados estatales que trabajan en los institutos.
"Esto es un sinceramiento", dijo
Martínez, que explicó que ahora empieza una transición para aplicar la
nueva ley. Duhalde así lo entendió al asegurar que no es un "informe
cómodo ni tranquilizador, pero es una obligación para saber dónde estamos
parados".
Más allá de poder instrumentar esta nueva
ley, aún está pendiente la sanción de una ley penal juvenil que reforme el
actual régimen, que data de un decreto del gobierno militar de 1980. Los
chicos encerrados por problemas con la ley penal no están condenados y
muchos de ellos ni siquiera procesados.
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