En la ciudad de Córdoba, a los xxx del mes de xxx del año dos mil once, siendo día y hora de Audiencia, se reúnen en Acuerdo Público los integrantes de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Justicia, doctores Luis Enrique Rubio, Carlos F. García Allocco y  M. Mercedes Blanc de Arabel, bajo la presidencia del primero de los nombrados, a fin de dictar sentencia en estos autos: (la carátula o grupo correspondiente) (nº xxx) a raíz de los concedidos a las partes en contra de la sentencia N° xx/xx, dictada por la Sala XXX de la Cámara del Trabajo constituida en Tribunal unipersonal a cargo del señor juez doctor XXX -Secretaría N° XX-, cuya copia obra a fs. xxx/xxx vta., en la que se resolvió: “I) Rechazar la excepción de incompetencia de jurisdicción y de falta de acción interpuestas por el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba.- II) Hacer lugar parcialmente a la demanda interpuesta por los actores grupo correspondiente, y en consecuencia condenar en forma conjunta y solidaria al Banco de la Provincia de Córdoba, al Banco de la Provincia de Córdoba S.A. y al Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, a abonar a los mismos los siguientes rubros: a) adicional no remunerativo de pesos ciento treinta...mensuales desde el 1 de enero de 2003 en la proporción indicada en el art. 29 de la ley 8836 para cada uno de ellos, y b) adicional no remunerativo de pesos cien...mensuales desde el 1 de julio de 2004, en la proporción indicada en el art. 29 de la ley 8836 para cada uno de ellos, todo de acuerdo a las pautas establecidas en la única cuestión planteada y normas legales referenciadas, con más los intereses establecidos en dicha cuestión, debiendo ser abonadas las sumas correspondientes por los condenados dentro del término de diez días de notificada del auto aprobatorio de la liquidación a practicarse, bajo apercibimiento de ejecución forzosa, siendo aplicable para el caso del Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba las previsiones del art. 806 del C. de P. C.- III) Rechazar parcialmente la demanda interpuesta por los actores (grupo correspondiente), en cuanto pretendían que los demandados le abonaran el adicional sobre el valor de vales alimentarios otorgados a los empleados en actividad desde el 1 de junio de 2003, el pago de aportes a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba y subsidiariamente el pago de la multa prevista en el art. 132 bis de la L.C.T..- IV) Rechazar el planteo de inconstitucionalidad del art. 132 bis de la L.C.T., de la ley 9078 y 29 inc. 1 de la ley 8836, formulado por los actores.- V) Imponer las costas de los rubros y montos que prosperan a los demandados condenados solidaria y conjuntamente y de los que se rechazan por el orden causado (art. 28 ley 7987).- VI) Diferir la regulación de honorarios de los Dres...y peritos intervinientes, para cuando exista base económica firme, líquida y actualizada para ello y deberán ser practicados de conformidad a lo previsto en los arts...de la ley 8226 y en los límites prescriptos por los arts. 8 y 13 de la ley 24432.- VII)...cumpliméntese la ley 8404, la tasa de justicia y lo dispuesto por ley 8304...". Oportunamente se fijaron las siguientes cuestiones a resolver:

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA:

El señor Vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo:

Denuncia también errónea aplicación del Dcto. Nº 2.148/00 -reglamentario del Régimen de la PAV para los trabajadores del Banco de la Pcia. de Córdoba- al desestimar la multa prevista en el art. 132 bis LCT. Sostiene que allí el mentado banco y, en definitiva, el Estado Provincial (art. 52 de la ley 8.837), asumió como obligado directo el pago de la cuota sindical, circunstancia que no modifica su naturaleza de “aporte” del trabajador. Entonces, si no se abonó según el haber que correspondía -incluídos los rubros condenados-, hubo “retención indebida de aportes”.

En cuanto al rechazo de la actualización del “adicional remunerativo” equivalente a los tickets canasta, señala que el a quo omitió considerar que el punto 4. f). 1) del Dcto. Nº 2.148/00 lo establece para “compensar” la pérdida de aquél beneficio. Agrega que no hay norma que indique que sea un monto fijo e inamovible, por lo que todo incremento para el personal en actividad debe reflejarse en el salario del agente pasivisado. Advirtiendo que, frente al conflicto interpretativo es de aplicación lo dispuesto por los arts. 9 y 11 de la LCT y el art. 23 de la Constitución Provincial.

Por  último, denuncia inobservancia del art. 105 LCT en tanto los vales no son beneficios sociales sino prestaciones complementarias a los fines de los aportes y contribuciones. También delDcto. Nº 341/97 del PEP, que dispuso que éstos se abonen sobre la cuota parte de lo percibido en tickets canasta.

2. El Juzgador, analizó el marco normativo y concluyó que no existía dispositivo que otorgara el derecho a reclamar aportes a los trabajadores en actividad, tampoco a los que se encuentran en estado de pasividad. Además señaló que, aunque se entendiera lo contrario, no habría un agravio cierto y actual para los reclamantes y que, en todo caso, le correspondería oportunamente peticionar a la "Caja de Jubilaciones de la Provincia" (fs. 237vta./238). Frente a estos argumentos el presentante se limita a proponer una interpretación interesada del art. 80 LCT -pretensión declarativa- a fin de sostener su legitimación para accionar y ningún esfuerzo hace para demostrar que el perjuicio sea concreto. Luego, pierde relevancia el cuestionamiento que, en esta instancia, efectúa respecto de la naturaleza de los incrementos denominados “no remunerativos”.

En cuanto a la multa prevista en el art. 132 bis LCT, la queja tampoco tiene andamiento. El esfuerzo por calificar de indebida a la retención con sustento en que el Banco asumió como obligado directo el pago de la cuota sindical en el marco de la pasividad (punto 4, inc. f. Anexo Único, Dcto. Nº 2.148/00), aparece vacuo desde que, nuevamente, estaríamos ante un supuesto de inexistencia de agravio contemporáneo. Por tanto no se logra desvirtuar que, para el Tribunal, no se acreditó la “retención” de aportes destinados a ingresar al sistema de la seguridad social que habilite su percepción (fs. 238). Ni hay evidencia de la importancia dirimente de controvertir por esta vía -y por la del art. 107 CPT-, otro de los requisitos: que el vínculo esté extinguido para reclamar. 

Igualmente improcedente es la crítica relacionada con los vales alimentarios. El apelante en este aspecto, pese a mencionarlo, no admite que el adicional para compensar la pérdida de aquéllos (punto 4. f). 1 del Anexo Único, Dcto. Nº 2.148/00 -expte. Nº 0171-006980/00-), es un monto fijo ($ 273) que no prevé la actualización pretendida -incidencia automática de los incrementos que perciban los activos-, pues escapa al régimen general de la PAV, incluso, es abonado por un fondo extraordinario creado al efecto. A lo que agrega que es un “adicional remunerativo” y los vales alimentarios constituyen un beneficio social –art. 103 LCT- (fs. 236 y vta.), al menos al tiempo de su dictado y del reclamo efectuado en autos. Nótese que con posterioridad a la publicación de la ley Nº 26.341, las partes concertaron la inclusión de dichos vales a la base del art. 29, ley 8.836 (Dcto. Nº 679/09).  En consecuencia, no se acredita que haya habido duda para recurrir a los principios protectorios en la exégesis legal -arts. 9, 11 LCT y 23 CP-. Lo anterior exime de tratar los agravios vinculados a los aportes derivados de aquél.

3. El impugnante, bajo la apariencia de quebrantamientos formales -falta de fundamentación- reedita sus criticas en orden a la legitimación para accionar por aportes y contribuciones a la Seguridad Social. Lo propio ocurre con el rechazo de la actualización del “adicional remunerativo” que compensa la pérdida de los tickets canasta, invocando el art. 12 LCT y su insistencia en que no son beneficios sociales –art. 103 bis LCT-.

Finalmente, no desarrolla la violación al principio de congruencia que alega, ni evidencia la falta de sustento que atribuye a lo decidido respecto de la inconstitucionalidad del art. 132 bis LCT. Ello pues critica la conclusión basada en el requisito que cuestionó -extinción del contrato para reclamar- y dicho argumento se sostuvo a mayor abundamiento (ver. fs. 237 vta./238).

Voto por la negativa

El señor Vocal doctor Carlos F. García Allocco, dijo:

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA:

El señor Vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo:

I. 1. El Banco de la Provincia de Córdoba -actual "Banco de la Provincia de Córdoba S.A."-, considera que el Tribunal al condenarlo vulneró las leyes Nº 8.836; 8.837, el Dcto. Reglamentario Nº 940/00 y 2.148/00, los arts. 29, 30 y 31 LCT y 699 a 710 del CC. Afirma que los trabajadores que pertenecen al Régimen de Pasividad Anticipada Voluntaria se encuentran “exclusivamente” a cargo del Estado Provincial y que en su reestructuración no se pueden aplicar las normas de la solidaridad de la LCT ni del Código Civil.

3. Por otra parte, no demuestra la contradicción del razonamiento del Juzgador pues no se trata de dos juicios que se anulen. Lo propio ocurre con la referencia a las reglas de la experiencia y a la documental que entiende abonan su postura.

Voto por la negativa.

El señor Vocal doctor Carlos F. García Allocco, dijo:

A LA TERCERA CUESTION PLANTEADA:

El señor Vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo:

I. 1. La Provincia de Córdoba se agravia porque se la condenó solidariamente según normas de la ley Nº 20.744 que no le son aplicables -art. 2 inc. a) íb.-. Aduce además, que los propios actores reconocieron ser empleados del "Banco de la Provincia" y encontrarse sometidos a la LCT y CCT Nº 18/75 -art. 42, ley 5.718- como también haberse acogido al sistema de pasividad -art. 29 ley 8.836-, ocasión en que aquel ente autárquico actuó como único empleador. Aclara que su participación es como “agente pagador”. Del convenio celebrado entre el Banco y la gremial surge prístina que el único obligado es la entidad financiera y ninguna cláusula lo menciona como responsable -art. 701 CC- y no lo alcanzan los supuestos de solidaridad de la ley laboral.

El señor Vocal doctor Carlos F. García Allocco, dijo:

A LA CUARTA CUESTION PLANTEADA:

El señor Vocal doctor Luis Enrique Rubio, dijo:

El señor Vocal doctor Carlos F. García Allocco, dijo:

Estimo adecuada la solución a la que arriba el señor vocal preopinante. Por tanto, me expido en igual sentido.

Concuerdo con la decisión expuesta por el Sr. Vocal Dr. Rubio. En consecuencia, me pronuncio en la misma forma.

Por el resultado de la votación que antecede, previo Acuerdo, el Tribunal Superior de Justicia, por intermedio de la Sala Laboral,

R E S U E L V E:

I. Rechazar los recursos interpuestos por las partes.

II. Con costas por su orden.

III. Disponer que los honorarios del Dr. Miguel Ángel Ortiz Morán sean regulados por la Sala a quo en un treinta por ciento, de la suma que resulte de aplicar la escala mínima del art. 34, ley 8.226, sobre lo que constituyó materia de discusión. Deberá considerarse el art. 27 del CA.

IV.  Protocolícese y bajen.

Con lo que terminó el acto que previa lectura y ratificación de su contenido, firman el señor Presidente y los señores Vocales, todo por ante mí, de lo que doy fe.