“EL GOBIERNO RECONOCE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO ARGENTINO POR LA VIOLACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DENUNCIADA POR LOS PETICIONARIOS EN LA PRESENTACIÓN EFECTUADA ANTE LA CIDH EN ESTE CASO:

DERECHO A LA VIDA (ART 4 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA); DERECHO A LA INTEGRIDAD FISICA (ART. 5 CA); DERECHO A LAS GARANTIAS JUDICIALES (ART. 8 CA) Y DERECHO A LA PROTECCIÓN JUDICIAL (ART. 25 CA); Y EL DEBER DE GARANTÍA (ART. 1.1 CA), EN LOS SIGUIENTES TERMINOS.

EN ESTE SENTIDO, EL ESTADO RECONOCE RESPONSABILIDAD YA QUE EXISTIÓ UN INCUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN DE PREVENCIÓN POR NO HABER ADOPTADO LAS MEDIDAS IDÓNEAS Y EFICACES PARA INTENTAR EVITAR EL ATENTADO, TENIENDO EN CUENTA QUE DOS AÑOS ANTES SE HABÍA PRODUCIDO UN HECHO TERRORISTA CONTRA LA EMBAJADA DE ISRAEL EN ARGENTINA.

EL ESTADO RECONOCE RESPONSABILIDAD PORQUE EXISTIÓ ENCUBRIMIENTO DE LOS HECHOS, PORQUE MEDIO UN GRAVE Y DELIBERADO INCUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN DE INVESTIGACIÓN DEL HECHO ILICITO OCURRIDO EL 18 DE JULIO DE 1994, Y PORQUE ESTE INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE INVESTIGACIÓN ADECUADA PRODUJO UNA CLARA DENEGATORIA DE JUSTICIA. TODO ELLO CONFORME FUE DECLARADO POR EL TRIBUNAL ORAL FEDERAL EN LO

CRIMINAL NRO. 3 DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES EN SU SENTENCIA DE FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2004.”